LA RIOJA

La Rioja se compromete con la protección del menor promoviendo su desarrollo integral y garantizando sus derechos

La Rioja se compromete con la protección del menor promoviendo su desarrollo integral y garantizando sus derechos

La Rioja se compromete con la protección del menor promoviendo su desarrollo integral y garantizando sus derechos

El Consejo Riojano de Servicios Sociales ha presentado el informe anual sobre las actuaciones en materia de promoción y defensa de los derechos del menor en 2017

El Gobierno de La Rioja ha presentado hoy, en la reunión del Consejo Riojano de Servicios Sociales, el informe anual que detalla todas las actuaciones que se llevaron a cabo durante 2017 en pro de la promoción y defensa de los derechos del menor. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, ha presidido esta reunión en la que también se ha informado sobre el IV Plan de Infancia y Adolescencia con Enfoque Basado en Derechos Humanos 2018-2020.

El Consejo Riojano de Servicios Sociales está compuesto por representantes de la Administración autonómica, entidades locales, instituciones sin fin de lucro, organizaciones sindicales y empresariales, así como los colegios profesionales relacionados directamente con el ámbito de los servicios sociales.

“Los menores son una responsabilidad ineludible para el Gobierno de La Rioja, que tiene en su protección uno de sus principales compromisos, para lo que debemos promover su desarrollo integral, garantizar sus derechos y proporcionarles una adecuada asistencia moral y material en los casos en los que carezcan de ella en su entorno familiar”, ha subrayado Conrado Escobar.

Informe 2017 para la promoción y defensa de los derechos del menor

Este documento comprende las políticas públicas desarrolladas en 2017 y que promueven el conocimiento y respeto de los derechos del menor en todos los ámbitos y, además, supone la puesta en marcha de diferentes programas y recursos ante situaciones de desprotección social de los menores.

En primer lugar, en cuanto a las acciones de promoción y defensa de los derechos, se han llevado a cabo diferentes actividades para propiciar el conocimiento, la divulgación, el respeto y el efectivo ejercicio de los derechos de los menores. En este punto destaca el servicio del Teléfono del Menor, que en 2017 recibió 17.954 llamadas y que facilita al menor en situación de riesgo y desamparo el acceso a la información de manera personalizada, inmediata y confidencial.

En lo referente a las actuaciones puestas en marcha ante situaciones de desprotección social de los menores, hay que destacar, en primer lugar, las políticas de prevención, como el programa de detección, notificación y registro de casos de maltrato infantil, que pretende facilitar la detención precoz de posibles situaciones de desprotección, así como la formación de los profesionales que atienden a dichos menores. En este caso, se recibieron 55 notificaciones de diferentes ámbitos de actuación. Además, se cuenta con el Servicio de Orientación y Mediación Familiar que dota a las familias de las habilidades y técnicas apropiadas para mejorar sus relaciones con el fin de encontrar soluciones no violentas a sus conflictos. En 2017 se recibieron 464 consultas.

Otro de los programas promovidos es Apóyame dirigido a la atención integral a menores expuestos a violencia de género como víctimas directas o indirectas porque presencian la violencia entre sus padres o porque viven en un entorno donde las relaciones violentas y el abuso de poder es parte de las relaciones afectivas y personales. En 2017 se trabajó con 67 menores.  Además, en el programa de Buenos Tratos, dirigido a alumnos de 3º de Infantil a 6º de Primaria para fomentar valores de igualdad y el respeto a la dignidad de las mujeres para prevenir situaciones de violencia, participaron 17.781 alumnos en el curso escolar 2017-2018.

Además, se desarrollan diferentes políticas de protección con la finalidad de promover el desarrollo integral de los menores, garantizar sus derechos, proporcionarles la asistencia moral o material de la que carezcan en su medio familiar y, en su caso, procurar su reeducación y reintegración social. En este sentido, cuando se tiene conocimiento de la existencia de una situación de riesgo o desamparo de un menor es necesario poner en marcha un expediente de protección que es notificado a los progenitores o tutores del menor. Durante dicho procedimiento se realiza un estudio pormenorizado de la situación del menor y su entorno familiar, en las condiciones menos perturbadoras para el menor y respetando todos sus derechos. En 2017 se iniciaron 96 nuevos expedientes que afectaron a 168 menores.

Se declarará al menor en situación de riesgo cuando se vea afectado por cualquier circunstancia que perjudique su desarrollo personal familiar o social y, que permita razonablemente temer que en el futuro pueda darse una situación de desamparo o de inadaptación. El número de menores en situación de riesgo al finalizar 2017 ascendía a 420 (144 declarados en 2017). Por su parte, un menor puede declararse en situación de desamparo siempre que carezca de la necesaria asistencia moral o material. Durante 2017 fueron 55 los menores declarados en desamparo (168 el número total al cierre de 2017).

En estos casos es la comunidad autónoma la que asume la guarda de los menores mediante el Acogimiento Familiar y Acogimiento Residencial. En el primer caso se procura la integración del menor en un núcleo familiar estable y adecuado a sus necesidades para ofrecerle atención en un marco de convivencia, bien sea con carácter temporal, permanente o como paso previo a la adopción. Los menores en acogimiento familiar vigentes en 2017 fueron 73. El acogimiento residencial supone el ingreso de un menor en un centro residencial de titularidad de la comunidad autónoma, o de una institución pública o privada colaboradora, con la finalidad de que el menor reciba atención, educación y formación adecuada. Los menores atendidos en este régimen de acogimiento durante el 2017 fueron 103 (la Rioja cuenta con un total de 116 plazas destinadas a este fin).

Por último, hay que destacar el programa de acompañamiento a jóvenes en dificultad social y piso de emancipación de jóvenes, que se desarrolla por Cruz Roja y que supone un apoyo social y emocional  para estos menores hasta su mayoría de edad, ya que el objetivo final es que logren una forma de vida autónoma e independiente con garantías de éxito.

IV Plan de Infancia y Adolescencia

Por otro lado, en la reunión se ha informado sobre el IV Plan de Infancia y Adolescencia con Enfoque Basado en Derechos Humanos 2018-2020, que se presentó el pasado mes de julio y continúa su tramitación y que, tal como ha recordado Escobar, su redacción se ha desarrollado de forma paralela a la nueva Ley de Protección de Menores de La Rioja.

Se trata de un texto de carácter transversal que ha contado con la implicación de todo el Gobierno riojano. “Son 17 las direcciones generales las que han colaborado en la identificación de políticas de infancia que ya se estaban desarrollando y han marcado objetivos específicos y áreas de actuación”, ha apuntado Escobar.

Además, Escobar ha explicado que en la elaboración de este texto se ha contado  directamente con los menores a través de un cuestionario con el que se ha configurado un informe resumen. “De esta forma, los menores son sujetos activos de las políticas públicas, buscando en todo momento que el menor no sólo se vea representado sino que participe en los procesos que le van a afectar”, ha concluido.

El Plan se estructura en torno a dos grandes ejes: promover el desarrollo integral de los menores y reforzar el sistema de atención a los menores. En ellos, la prevención y la eficacia en la respuesta que los servicios públicos den ante cualquier problema que afecte al menor o su entorno ocuparán un papel destacado.

En lo que se refiere al primer eje de acción, se va a priorizar consolidar el acceso a los recursos de bienestar que garanticen el desarrollo integral de los menores; promover la diversidad y la no discriminación en el diseño y ejecución de las políticas públicas; prevenir y proteger a los niños de toda forma de violencia; y potenciar el aprendizaje y el ejercicio de la ciudadanía. En cuanto al segundo eje, se pone el acento en situar a los menores en las políticas públicas; reforzar la coordinación inter e intrainstitucional; fortalecer la capacitación de todos los agentes que intervienen con menores y mejorar los sistemas de información, investigación y evaluación.

   
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